Antecedentes

Hace apenas unas semanas el Ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells hacía unas afirmaciones que no pasaron inadvertidas, especialmente entre personas, colectivos, expertos y grupos de investigación como el nuestro que buscan la innovación y el desarrollo educativo inclusivo. Afirmaba el ministro que la educación o, mejor dicho, el sistema educativo y el universitario podían ayudar a combatir la incisiva despoblación en la España rural, y que la inversión pública en el ámbito educativo debe contribuir a la sostenibilidad y a rejuvenecer la vida en muchos pueblos y municipios amenazados por el fenómeno de la despoblación.  

En España, el 48% de los municipios actuales tiene una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral a partir del cual la Unión Europea considera que la densidad es baja. De 2011 a 2017, casi el 62% de las localidades españolas perdieron vecinos, según datos del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Detrás de esta agonía del mundo rural español hay muchos factores interrelacionados, complejos de analizar. La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,9 millones, pero este aumento de la población no se nota en todas las zonas por igual. Durante estos años, en los que el país ha sufrido una revolución económica, amplias regiones del país se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. Así, provincias como Soria han visto como su población se reducía en este periodo más de un 23%, según las cifras de población que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que otras como Madrid han crecido un 73% impulsadas por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que la rodean. 

En el contexto autonómico, podemos afirmar que Andalucía no es la España interior que muere y se vacía. Pero tampoco un paraíso demográfico. Como el resto del país sufre el grave problema del descenso de la natalidad y el envejecimiento de su población. Y lo que es más importante, la despoblación de las zonas rurales con tendencia a la concentración en núcleos urbanos o el litoral y la migración hacia otras comunidades o países por falta de trabajo y oportunidades. En este sentido, desde las propias administraciones públicas hay una preocupación creciente, y en esto hay un consenso en todos los grupos políticos sin excepción. Ya en julio de 2019 la Junta de Andalucía, dio los nombres y apellidos de las comarcas de actuación prioritaria para atajar este fenómeno desolador: la serranía de Ronda lindante con Cádiz en la provincia de Málaga, el nordeste de Granada y los pueblos de la zona norte de las provincias de Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba. Los estudios realizados entre 2006 y 2016 constatan una importante dinámica poblacional negativa, añadió. El 54% de los municipios andaluces ha perdido población desde el año 2000 y en el caso de los de menos de 5.000 habitantes, la despoblación afecta al 71%. El dato definitivo es que más del 25% de los andaluces vive en municipios en los que sus habitantes se marchan porque no hay oportunidades..

Al margen de determinadas variables de mejora de la comunicación y la accesibilidad, no podemos obviar que detrás de esta despoblación se encuentra la falta de oportunidades laborales, económicas y de bienestar social que son claves para evitar la pérdida de población. La calidad de los servicios públicos, las oportunidades de empleo, así como la dotación de todo tipo de infraestructuras funcionales resultan esenciales en la configuración de las dinámicas poblaciones. Igualmente, la existencia de recursos sanitarios, socioculturales y educativos son muy importantes para poder evaluar si el impacto de la despoblación se relaciona con la falta de calidad de estos recursos y servicios, o si, por el contrario, la dinamización y revitalización son elementos de empoderamiento social, económico y comunitario para el afianzamiento de la población y reducir, por tanto, la despoblación (Álvarez, 2020; Vergara, 2020).

En efecto, las dotaciones en materia de educativa resultan imprescindibles a tal efecto, pues la educación es un derecho fundamental del ciudadano, entendiéndolo como un elemento sobre el que se construyen otros, ya que sin educación no resulta posible ejercer derecho alguno de manera plena. De este modo, los poderes públicos, a través de las distintas administraciones educativas, deben garantizar el ejercicio de este derecho en las mismas condiciones, bien se trate de un ámbito urbano o rural. Para ello, deberían seguir apostando por estrategias e iniciativas de sensibilidad, flexibilidad y excepcionalidad con ese ámbito rural, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, dado sus dificultades y condicionamientos geográficos, demográficos y socioeconómicos. Desde luego, el abandono y la falta de inversión en infraestructuras (incluyendo las infraestructuras educativas y digitales) por parte de la Administración son elementos francamente negativos que pueden enfatizar el problema de la despoblación. Así, compartimos con Gónzalez (2019) que “si se cierran centros de salud (que no digo hospitales), escuelas, si no se acondicionan carreteras para facilitar la circulación y la comunicación con otras zonas más grandes, no se dan alicientes a asociaciones para que vayan a hacer actividades culturales y de ocio con ancianos y niños o no se dan facilidades a personas que desean montar una tienda o una farmacia en un pueblo, la gente se marcha.” 

El impacto del COVID-19 en el entorno educativo rural requiere de un estudio profundo. Se trata de un nuevo escenario, complejo y que nos hace caminar en una senda de incertidumbre, pero también es una ventana de posibilidades. ¿Qué diferencias han existido en el proceso de digitalización de la docencia en el medio urbano y rural? Su análisis y comprensión pueden ayudarnos de forma ineludible para indagar en la existencia de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, al margen de valorar de forma crítica el afianzamiento o no de una brecha digital que va en dirección contraria a los objetivos de calidad, sostenibilidad e inclusión de una Escuela para todas y todos (EPT), objetivo clave dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de la ONU. En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. Esto también puede ocurrir en Andalucía, espacio geográfico en el que inscribimos nuestra propuesta de investigación. 

A raíz del “estado de alarma”, decretado por la pandemia del COVID19 en España, se cerraron todos los centros educativos y se reorganizó el sistema educativo para que 10 millones de estudiantes pudieran continuar su educación a distancia. El estudio de Díez y Gajargo (2020) nos apunta cinco ideas que nos parecen sumamente interesantes:

1) la brecha digital se suma y amplifica la brecha social, aumentando la desigualdad en épocas de crisis; 

2) las TIC, que han sido un aliado esencial en la crisis, no son una alternativa a la relación educativa presencial, pero son una herramienta cada vez más enriquecedora para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje

3) es necesario repensar el actual currículum enciclopédico para discriminar lo prescindible de lo imprescindible y priorizar las competencias relevantes

4) evaluar no es calificar, es entender cómo ha sido el proceso de aprendizaje para ayudar a cada alumno y alumna a seguir avanzando, y

5) es necesario “cuidar a las personas” y primar su bienestar integral, para que ningún estudiante se quede atrás.

En síntesis, resulta absolutamente esencial estudiar no solamente la existencia de recursos educativos, su diseño, orientación, carácter y naturaleza en el contexto rural, sino indagar en otros parámetros y variables educativas más dinámicas y complejas, como los estilos didácticos y organizativos de la escuela rural, la situación de la atención a la diversidad y el tipo de proyectos educativos que nos permitan comprender si potencian, previenen o atenúan (o no) la despoblación.

Referencias

Álvarez, J. L. D. (2020). El desigual acceso de la juventud rural a los servicios públicos: la necesidad de impulsar la educación en la España vaciada. Cuadernos de Investigación en Juventud, (8), 60-78.

Díez, E. J., & Gagarjo, K. (2020). Educar y evaluar en tiempos de Coronavirus: la situación en España. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 10 (2), 102-134. doi: 10.4471/remie.2020.5604

González, Mª. I. (2019). Medio rural: vivo y desenfocado. Recuperado de https://www.seminariodemujeresgrandes.com/medio-rural-vivo-y-desenfocado/

Vergara, J. J. (2020). O se Llama Coravid o no Existe. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 9(3).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Copyright Escuela Vaciada 2022
Tech Nerd theme designed by Siteturner
Ir a la barra de herramientas